Secuestro parental

Padres cuyas exparejas se han llevado a sus hijos al extranjero reclaman más apoyo del Estado

Un vecino de Oleiros promueve contactos con Exteriores y Justicia para poder recuperar a los menores

Herber, de Granada, lleva desde el 2007 sin ver a su hijo. Rafael, de Málaga, desde el 2008. En el 2009 fue la última vez que José María, de Albacete, vio a su hija. Samuel, de Oviedo, tampoco ve a la suya desde el 2011, a pesar de tener una sentencia favorable del Tribunal de La Haya. Y Javier Somoza, del municipio coruñés de Oleiros, puede ver a su hijo cinco días al mes, durante tres horas diarias, siempre y cuando viaje hasta la ciudad rusa de San Petersburgo, desplazamiento que le supone unos dos mil euros cada vez. Son algunas de las situaciones que mencionaba ayer Javier Somoza, a raíz del caso de la vecina de Monforte Angela Tyukodi que recogía La Voz, una mujer cuya expareja huyó a Marruecos con su hijo, al que no ve desde el año 2013.

ROI FERNANDEZ CARLOS CORTÉS

«El secuestro parental es una tragedia de la que nadie está libre», asegura Somoza, que cita a la Fundación Anfar como fuente que cifra en unas 200 personas en España las que son víctimas de esta situación. En todos los casos mencionados por este padre, sus descendientes están en Rusia «donde los protegen, porque se sabe dónde están, a qué colegio van». Polonia, Cuba, la mayoría de países de Sudamérica, también son complicados para dar respuesta a estas situaciones.

Por todo ello, este grupo de padres ha comenzado a elaborar un documento que pretenden hacer llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores, al de Justicia y al de Interior, del que depende la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, «que debe tutelar los convenios con otros países pero que, por decirlo suavemente, están haciendo dejación de funciones».

En el borrador de las cuestiones que quieren trasladar a dichos ministerios argumenta: «En España viven 226.000 ciudadanos de la antigua URSS, de los cuales 86.000 son rusos; en Rusia no llegan a los 1.400 españoles residentes. El cumplimiento de los convenios de garantías civiles en materia de Derecho les beneficia más a ellos que a nosotros. Esta proporción, en mayor o menor medida, se cumple con el resto de nacionalidades donde es exigible por ley la devolución de nuestros hijos».

El documento también recoge las críticas de este colectivo con calificativos de «desidia e inoperancia» para «la persona encargada en el Ministerio de Justicia, de la tramitación de los expedientes a La Haya por la desaparición de nuestros hijos, todos conocemos su desafección, indiferencia y trato displicente. Es necesario otra persona más implicada», argumentan.

«Totalmente limpios»

Estos padres quieren constituirse como colectivo y por ello animan a las personas afectadas, como la mencionada vecina de Monforte, para que se sumen al grupo. De todos modos, Javier Somoza (javsomoza@mail.ru) enfatiza: «Tiene que ser gente totalmente limpia, sin sombra de malos tratos o cosas por el estilo». Señala que este es un problema muy grave «que todos afrontamos con discreción», pero ahora consideran que es necesario que exista un protocolo de actuación ante estos casos elaborada por la Administración, «conocido y divulgado», apunta Somoza.

La Voz de Galicia